MACRINO SUÁREZ

Hoy, en el 75.º aniversario de la proclamación de la II República, no es nuestra intención añorar nostálgicamente lo que pudo ser y no fue, por obra y gracia de unos militares ambiciosos y felones, testaferros de quienes no aceptaban ver progresivamente suprimidos sus privilegios ancestrales, sino adelantar unas reflexiones sobre la República futura.

Enlazamos así con una costumbre que iniciaron los republicanos después de que la I República pereciera, como no, en manos de los militares. Consistía en reunirse todos los 11 de febrero, no para volver la vista hacia atrás, sino para reflexionar sobre la vigencia de los valores republicanos, de su posible aplicación teniendo en cuenta la evolución de la sociedad española. Así conservaban la antorcha de la libertad y la iban transmitiendo a las generaciones sucesivas. En 1939, la República vencida, pero no enterrada, después de una guerra fratricida, consecuencia del golpe militar del 18 de junio de 1936, la costumbre de reunirse los republicanos en cada aniversario se reanudó, tanto en el exilio interior como en el exterior, para denunciar la dictadura, guardar celosamente la antorcha de la libertad e ir reflexionando sobre cómo debería ser la República venidera en una España que estaba evolucionando y que ya a partir de los años sesenta ya no tenía nada que ver con la de 1931.

Con la transición se interrumpió esa costumbre, puesto que se consideró que al fin nuestro país se estaba encarrilando hacia la democracia. Sin embargo, el desencanto producido por esta transición interminable, que ya dura casi treinta años, en amplios sectores de la sociedad, y especialmente en los jóvenes, ha hecho que de nuevo el aniversario tenga sentido si es para reflexionar sobre la vigencia de los valores republicanos y de su aplicación a la consolidación definitiva de la democracia. Se sigue transitando (hay quienes hablan ya de una tercera transición) pero no se sabe hacia dónde. Nosotros estamos convencidos de que es hacia la República, única forma de Estado y de gobernación que podrá consolidar la democracia en nuestro país.

Y no estamos haciendo afirmaciones gratuitas, sino comprobando la situación real (de realidad) de nuestro país. La Constitución de 1978 está cada día más superada por la evolución de la sociedad española y ya no responde a las nuevas exigencias políticas, económicas y sociales de la nueva realidad. La democracia monárquica no ha resuelto problemas tan graves como, entre otros, el de la configuración territorial del Estado. Su organización en comunidades autónomas, tarada desde el inicio por el café para todos y privilegio fiscal concedido a dos de ellas, está derivando hacia una relación de tipo federal o confederal, difícilmente compatible con la Monarquía; las relaciones con la Iglesia católica romana, cada vez más dominadora y entrometida en la vida pública de los españoles, sólo dejan de ser tensas cuando el Gobierno cede, como pasa con el problema de su financiación y de su presencia en la enseñanza pública; el sistema educativo, que después de seis leyes sigue siendo, a pesar de algunas mejoras, incompleto y no acaba de instalar los medios necesarios para que se convierta en el motor de la eficacia educativa y del ascenso social de todos los españoles.

Paralelamente, los partidos han remplazado a los ciudadanos a la hora de elegir a sus representantes y han instaurado un sistema de partitocracia que deja sin sustancia al ejercicio de la soberanía nacional, es fuente de desencanto de la sociedad civil respecto a la democracia y constituye un caldo para la corrupción. Y así mientras se discute bizantinamente si somos una nación de naciones o una nación única, grande y libre, no se dedica ninguna energía a analizar por qué España se está convirtiendo en una Marbella de Marbellas.

Claro que esta situación está favorecida por la falta de principios y de ética de la mayoría de nuestros políticos. La tan cacareada transición se caracteriza por un abandono generalizado de los principios de los principales actores políticos: el Rey traicionó a su padre y a los principios del Movimiento que juró solemnemente defender; los Suárez y Fraga, aupados al poder por la falange, se reconvirtieron en demócratas; los «psoelistos», encabezados por Felipe González, han traicionado al socialismo que los llevó al poder, y los comunistas, con Carrillo a la cabeza, abandonaron su republicanismo tradicional. Y esta falta de coherencia ética se presenta como el gran acervo de la transición sin el que el consenso habría sido imposible, ¡cómo si no fuera posible llegar a un consenso en unas circunstancias tan graves como las que planteaba la situación política a finales de 1975 sin abandonar ni pisotear los principios políticos de cada uno!

Ante esta realidad que muestra la incapacidad actual de la Monarquía para resolver nuestros problemas políticos, nosotros reivindicamos la República como meta para organizar la transformación esencial del Estado español en vistas de consolidar la democracia en nuestro país.

Estimamos que la República no significa únicamente la posibilidad de elegir al jefe del Estado, sino también la renovación de las costumbres y los modos políticos de la gobernación del país. Hay que construirla ya como una alternativa democrática muy superior a la Monarquía para que los ciudadanos tomen conciencia de su necesidad y no seguir considerándola únicamente como una salida apurada ante una crisis de la Corona, como pasó en las dos experiencias anteriores.

Y para ello pensamos que la adopción de los valores republicanos es esencial. Apoyándose en los dos pilares indispensables para la construcción de una democracia digna de su nombre: la soberanía nacional y la laicidad, la aplicación de los valores republicanos, libertad, igualdad y fraternidad, adaptados a la sociedad actual y cuya vigencia es perenne, sería esencial para la transformación del Estado y la consolidación de la democracia.

En este sentido, ¿qué pensar de las últimas declaraciones del jefe de Gobierno, afirmando que hoy en España se están cumpliendo los valores esenciales de la República? Una de dos, o el señor Zapatero se está burlando de los españoles, y muy en particular de los republicanos, o de lo que se trata es de ir ganando parcelas progresistas en campos no esenciales, sin tocar el fondo que supondría aplicar la supremacía de la soberanía nacional y la laicidad. La primera, base del republicanismo, es incompatible por principio con la Monarquía por muy parlamentaria que ésta sea. Y la segunda, que supone la separación de la Iglesia del Estado y la supresión de los privilegios de la Iglesia católica romana, no la realizará nunca la Monarquía y aún menos este Gobierno, que se está caracterizando por la debilidad y el medio ante las exigencias cada vez más atosigantes de la Iglesia. En todo caso, las dos supondrían una reforma de la Constitución. O bien quizá se trate de una estrategia que a golpe de leyes orgánicas y de reformas menores de la Constitución se quiera presentar una España progresista y confederal y la Corona como una Monarquía republicana. En todo caso falta transparencia de cara a los ciudadanos y al propio Parlamento. Por nuestra parte consideramos que todas las leyes y reformas que vayan en la dirección del refuerzo de la democracia serán bienvenidas, puesto que serán otros tantos pasos que nos aproximen a la República.

En fin, el legado republicano no debe dejarse en manos de los que podríamos llamar «guardianes sagrados de la República del 14 de abril». Adaptado a la España actual, hay que transmitirlo a las nuevas generaciones, que sin duda han de comprenderlo mejor, asimilarlo y utilizarlo cuando lleguen a las responsabilidades del poder.

Nosotros no tenemos otra ambición que facilitar ese proceso, llevando a cabo una labor cívica de información. Tarea difícil, pero que nos da la satisfacción de estar cumpliendo con nuestro deber como lo deseaban los ilustres republicanos que nos precedieron. Castelar y Azaña se expresaron así y en ese sentido actuaron los diferentes gobiernos de la República en el exilio.
Evidentemente, la República que propugnamos tiene que ser la de todos y para todos los españoles. En ella tendrán su sitio todos los partidos que acepten el juego parlamentario: desde la derecha civilizada hasta la izquierda progresista. Incluso tendrán cabida en ella los partidos monárquicos que utilicen la fuerza de la razón y no, como hasta ahora, la razón de la fuerza para restablecer la Monarquía si la mayoría de los españoles así lo decidiese. Tampoco tiene que ser el monopolio de un partido específicamente republicano, posición que sería ilusoria y muy nociva para su consolidación. No olvidemos que la República es una forma de Estado y de gobernación y sus instituciones tendrán el color que la soberanía popular decida con su voto.
Tampoco tiene que servir de plataforma que oculte otros fines últimos que no son compatibles con la República que nosotros propugnamos, que es un fin en sí misma: asegurar la convivencia democrática y no un medio para instaurar regímenes extremistas de cualquier signo que sean.

Prensa 2006
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