Los republicanos encarcelados durante el régimen de Franco han quedado defraudados con el esperado proyecto de ley de la memoria histórica. La Asociación de ex Presos y ex Represaliados Políticos Antifranquistas reclamó ayer al Gobierno que inicie los trámites para dar a más de 300.000 personas la consideración de «victimas del terrorismo de Franco» y que se les dé, por tanto, el mismo trato que a las víctimas de ETA.

El presidente de esta asociación, Gervasio Puerta, defendió ayer que no existe diferencia alguna entre el terrorismo de la organización criminal y el del dictador, más allá de que éste lo ejerció desde el Gobierno; lo que debería producir, dijo, «más repudio». El colectivo apuntó que la iniciativa remitida por el Ejecutivo al Congreso supone, por éste y otros motivos, un «retroceso» respecto a las promesas hechas por el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero.

La primera queja de la asociación se refiere al nombre del texto legal. El Gobierno desechó finalmente el término 'memoria histórica' y optó por un título más largo que resume las intenciones de la propuesta y que pretendía aplacar la animadversión del PP: 'proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura». Para Puerta, la expresión inicial era vital porque permitía «representar el sacrificio de los que sufrieron represión política bajo el franquismo».

A esta crítica se suma la de que no se haya querido aprovechar la ley para realizar, después de 30 años de democracia, una condena pública del régimen «dictatorial y torturador» y la de que se haya renunciado a la anulación de los juicios sumarísimos y los consejos de guerra que llevaron a la cárcel o al paredón a procesados «sin que tuvieran derecho a defensa».

'Laguna' legal

Los miembros de esta asociación, formada principalmente por hombres de elevada edad, reclamaron también al Gobierno que resuelva la 'laguna' legal que impide a aquellos que permanecieron menos de tres años en prisión cobrar una indemnización por privación de libertad. En 1990, se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado una disposición adicional que permitía resarcir económicamente, «por una sola vez», a presos y represaliados políticos, pero debían acreditar tres años de prisión y tener 65 o más años en diciembre de ese año.

«Queremos que todos los presos sean reconocidos y remunerados a partir de un número determinado de meses de cárcel; lo reivindicamos con todas nuestras fuerzas porque es de justicia, aunque sean cantidades irrisorias», concluyó Puerta.