i) Comunicado dirigido a las asociaciones de víctimas del
franquismo y de la memoria.
Ante la nueva situación creada, consecuencia directa de la
preparación para la presentación en el Congreso de Diputados de la
Ley de la Memoria, cuyo nombre oficial es "Proyecto de Ley por la
que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra
Civil y la dictadura", presentación que presumiblemente ocurrirá a
fines del mes de noviembre, creemos necesario dirigirnos a todas las
asociaciones para puntualizar lo siguiente:
1) Hemos defendido en nuestro documento “La cuestión de la
impunidad en España y los crímenes franquistas” una respuesta
jurídica a las cuestiones pendientes con las víctimas del franquismo
que, evidentemente, no ha sido recogida por el Proyecto de Ley.
2) Queremos comunicarles que nuestros argumentos han sido
recogidos prácticamente en su totalidad por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH), el cual ha resuelto recientemente la
cuestión de fondo planteada en el documento, esto es, la cuestión de
la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y su
aplicación retroactiva. (Consejo de Europa, Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, Decisión de la Sección Cuarta sobre admisibilidad
de la Demanda no. 23052/04 de August KOLK y demanda
no. 24018/04 de Petr KISLYIY contra Estonia, 17ene06 [ESP/SPA])
3) La consecuencia directa de esta resolución es que debe ser
acatada por todas las instituciones del Estado español; esto
significa obviamente que debe ser reconocida por el Tribunal
Constitucional, por los tribunales ordinarios y, como no puede ser
menos, por el Congreso de los Diputados y por el propio Gobierno.
4) También tiene como consecuencia que la práctica totalidad del
Proyecto de Ley presentado puede ser considerado como
manifiestamente ilegal y no concordante con los principios del
derecho internacional de derechos humanos ratificados, sin duda
alguna, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
5) El Plan de acción recogido en el documento “La cuestión de la
impunidad en España y los crímenes franquistas” y ampliado por
numerosas declaraciones, todas ellas recogidas en la declaración
“Entre la cobardía moral y la ilegalidad”, no son más que un
inventario de los problemas planteados por numerosas asociaciones de
todo el Estado y, por supuesto, todos y cada uno de ellos son, sin
excepción, concordantes con el derecho interno español, con el
derecho europeo y con el derecho internacional aplicable. Si hubiera
habido más puntos pendientes se hubieran agregado a tal inventario.
6) Todos y cada uno de los puntos mencionados en el Plan de
Acción obedecen a la necesidad de que el Estado reconozca
jurídicamente a la víctimas y, como consecuencia, dé cumplimiento al
derecho interno y al derecho internacional aplicable; por lo tanto,
no son negociables y este Gobierno, o los gobiernos que le sigan,
tendrán que dar la solución que corresponde a un estado de derecho.
Es más, según las normas del derecho internacional aplicable en el
Reino de España toda norma contraria a estos principios es nula de
pleno derecho. Por lo tanto, lo lógico sería que existiera una sola
ley que recogiera todos estos aspectos, dado que los problemas de
las víctimas son esos y no otros.
Este comunicado sólo lo emitimos para las Asociaciones de
víctimas del franquismo y de la memoria que han adherido a los
documentos mencionados y no pretende ser una respuesta a ningún
grupo político, partido u otras asociaciones que tengan
planteamientos diferentes y legítimos y que, por lo tanto, merecen
una respuesta sólo en la medida que cuestionen el fondodel asunto y
no parcialidades.
Madrid y Bruselas, 15 de octubre de 2006
Equipo Nizkor
ii)
Ley
de la memoria: Ceremonia de la confusión.
Algunos escuchamos su grito.
Se acerca el momento de la discusión en las Cortes de la
propuesta de ley sobre la Memoria Histórica. Desde que se conoció el
texto próximo a discusión la sorpresa y el estupor han ido
extendiéndose. Una Ley que estaba llamada a poner fin a la
pervivencia del franquismo en los espacios públicos y legales de la
democracia española, a dar justo reconocimiento a la memoria de las
centenares de miles de víctimas del exterminio franquista, se
convirtió en manos del equipo legal presidencia del gobierno y del
grupo socialista y con la preclara guía de Jáuregui y De la Vega en
un bodrio intragable. La ley de nombre imposible que proponen
mantiene el horror jurídico franquista intacto, sin cuestionar los
tribunales con que la banda armada sublevada en 1936 impuso mediante
el asesinato masivo y el terror un régimen ilegal que duró décadas.
La propuesta de ley iguala a víctimas y verdugos y asume lo esencial
del discurso revisionista con el que el franquismo rescribió la
historia. Y es el propio diputado socialista Sr. Jáuregui el que ha
llegado a establecer que ese es el único camino para asegurar la
convivencia en el momento presente, memoria y justicia pero con
impunidad como corolario. Sin impunidad, nos viene a decir Jáuregui
en un artículo reciente (El País, 14/10/06), la convivencia no sería
posible.
Las respuestas a la pretendida Ley, pese a todo, fueron en su
casi totalidad contundentes en su rechazo; muchas de las
asociaciones, partidos y personas que se mostraron en contra han
creído que era posible una reforma del texto por la vía de las
enmiendas durante el proceso de discusión, muchos otros no lo
pensamos. Que se retire la propuesta y se devuelva a origen es lo
que procede, pues el desvarío de base es tan grande que la
posibilidad de enmienda es casi inexistente. Es muy poco probable
que quienes elaborasen una propuesta que sin dudarlo podemos
calificar de neofranquista y revisionista vayan a aceptar ahora
enmiendas de fondo, que vayan a lo principal. Sin embargo, en esta
ceremonia de la confusión a la que asistimos estos días vemos
iniciativas para tratar de influir en el proceso y presionar para la
obtención de un texto final más aceptable. La reunión del 17 de
Octubre sobre la base de 13 puntos que desarrollan lo básico del
rechazo a la forma actual de la Ley pretende hacer una declaración
pública y exhortar a su enmienda. ¿Será posible un cambio en tal
sentido? ¿Se logrará con esta convocatoria persuadir a los
legisladores de la necesidad democrática urgente de rescribir la
Ley? Nos tememos que no. El artículo del diputado socialista sr.
Jáuregui es muy claro: hay un límite sistémico, todo esto de la
memoria no puede ser más que un deshago emocional, cosmético, pero
en ningún caso puede derivar a una situación que ponga en peligro
los privilegios adquiridos a través de los crímenes franquistas: a
los hijos y nietos de los verdugos les inquietaría y no sería
posible la "convivencia". Bravo, sr. Jáuregui, bravo.
Pero en relación a lo que ha sido el manifiesto de los 13 puntos
y la reunión del 17 de Octubre, de entrada nos ha sorprendido
sobremanera que entre las organizaciones firmantes no figuren
algunas de las que con más claridad han hablado y escrito sobre este
tema. Es particularmente grave la ausencia del Equipo Nizkor, cuyo
estudio legal del problema planteado por la impunidad de los
crímenes franquistas es absolutamente básico para poder hacer una
verdadera Ley que toque estos asuntos. La respuesta de Nizkor este
mismo verano, es decir, bastante antes de estos puntos de ahora, en
una contundente artículo manifiesto titulado "Entre la cobardía
moral y la ilegalidad" sumó numerosos apoyos y logró resumir muy
bien y fundamentar lo esencial de las críticas al proyecto ahora
discutido. ¿Cómo es posible que en la supuesta síntesis que se
publicita ni se tengan en cuenta las aportaciones de Nizkor y hasta
parezca que nunca existieron?
La ausencia del equipo Nizkor no es la única ausencia en el texto
a presentar el día 17, son numerosas e importantes las
organizaciones que no se han sumado o a las que no se les ha
invitado a participar. Nos preguntamos cuantos de los firmantes
seguirían dando su apoyo a una iniciativa que corre el riesgo de ser
limitada y autocensurada desde su inicio. Otros lo hemos hecho en la
creencia de que se nos invitaba a un proceso de discusión conjunto,
pero vemos ahora que no es así, y que en la síntesis de los puntos
no se ha contado con todas las aportaciones.
Queremos enviar un mensaje claro a los ponentes de la Ley y al
Grupo Parlamentario Socialista, además del de Izquierda Unida: si se
pretende una maniobra cosmética, unas enmiendas superficiales, un
toque de efecto pero la Ley resultante no aborda lo fundamental de
forma clara y rotunda, habréis escenificado un nuevo engaño como el
de esta rutilante transición basada en la impunidad de los crímenes
franquistas. Si en la reunión del día 17 de octubre y en los días
posteriores, las organizaciones convocantes tragan con lo que tiene
todos los visos de ser una nueva mascarada, se deberá tener en
cuenta que vamos a ser muchos los que dentro y fuera de esas
organizaciones no vamos a rendirnos. Aquí no hay presiones, ni
promesas, ni chantajes, ni patrimonios en devolución, ni
subvenciones que valgan. Hay ciertas cuestiones de principio que no
están en venta.
La cuestión es muy simple. El régimen del 18 de Julio fue ilegal,
los Tribunales Militares sumarísimos que llevaron a la muerte o a la
cárcel a centenares de miles de personas fueron ilegales y como
tales deben ser considerados nulos desde su inicio, los miembros de
tales tribunales y de muchos otros organismos de la represión fueron
verdaderos criminales y culpables en muchos casos de crímenes de
guerra y contra la humanidad. Son crímenes que no han prescrito. Si
la Ley soslaya este asunto, lo disfraza o, peor aun, como hace el
proyecto, legaliza el exterminio, este gobierno y los partidos que
lo apoyen serán cómplices de él.
No estamos exagerando nada. Para que se entienda nuestra posición
queremos recordar un caso reciente. Se ha publicado un meritorio
libro que recoge los nombres de todos los españoles deportados a los
campos nazis, con sus nombres, su origen y su destino final. El
diario El País le dedicó incluso una emotiva portada. La obra obtuvo
aplausos y reconocimiento. Una obra obligada, se ha llegado a decir.
Sin duda. ¿Pero, ¿por qué no hay en ella ni una sola referencia a
los responsables de la deportación? ¿cómo es posible que los
responsables españoles y alemanes de la muerte en los campos nazis
no sean nombrados? ¿Por qué se le hurta a la opinión pública el
nombre de Serrano Suñer como uno de los directamente implicados en
la luz verde a la deportación de los españoles detenidos en Francia?
70 años después de los hechos, 30 años de democracia y la impunidad
impera todavía. Somos libres ahora de recordar el holocausto, de
pasear los nombres de los asesinados (gracias a que los archivos
alemanes están abiertos, por supuesto), pero no podemos conocer los
nombres de los verdugos y sus cómplices.
Si esto ocurre con la suerte de los deportados a los campos
nazis, la suerte de los que sucumbieron en la propia España sigue
bajo las losas del olvido y la complicidad. Es terrible lo que está
ocurriendo: las cifras de asesinados que salen a la luz cada día,
superan todo lo previsible; las dimensiones del horror franquista no
se pueden ocultar. Se nos permite recordar a los muertos, ¿para que
valoremos la lección sufrida como pueblo y no volvamos a reincidir?
¿recordar el castigo pero no la injusticia?
La Ley propuesta intenta no ofender a los verdugos y que sus
herederos no se sientan incómodos. En su formulación actual es,
sencillamente, obscena. Si el proceso de discusión y enmienda no
aborda de forma satisfactoria estos asuntos, la herida seguirá
abierta y el combate de la memoria se agudizará. Que nadie espere
poder acallar nuestra voz. Aprobarán la Ley quienes sumen mayoría,
la escribirán como deseen, pero si no declara nulos los tribunales
sumarísimos y si no obtienen y recogen las consecuencias legales
lógicas del carácter genocida e ilegítimo del régimen franquista la
lucha continuará y quienes no la apoyen pagarán un duro coste
político. No basta con el socorrido recurso de ocultarse en el juego
parlamentario: "Se enmendó lo que se pudo y al final salió la Ley
posible". Ya no. Si la Ley no recoge los mínimos democráticos
exigibles será el inicio de una dura lucha, no el final de esta
batalla. Nosotros no estamos discutiendo con los jueces, estamos
confrontando al legislador a quien le pedimos que siga la estela del
derecho y la jurisprudencia con la que los estados democráticos
europeos afrontaron el horror de los crímenes nazis y fascistas.
El artículo del sr. Jáuregui añade una importante proporción de
realidad a este debate. Señala los límites prefijados de la
discusión. Nunca fue un problema de falta de pruebas o testimonios;
todo el trabajo de la Comisión se ve ahora que no fue más que un
engaño, todo, las entrevistas, los materiales, el arduo trabajo de
De la Vega ¿para qué? ¡si los límites y el resultado final efectivo
estaba prefijado!. Jáuregui ha actuado en representación de un
sistema que se siente amenazado por el que la ilegalidad de origen
franquista se ponga de manifiesto. Su pretensión de defender la
"seguridad jurídica" del pasado suena a broma macabra a quienes
conocen la génesis de los tribunales, sus fundamentos, su proceder,
su condenas. Es urgente que la posición del sr. Jáuregui sea
desautorizada por su partido y por el gobierno, pues de obstinarse
en este absurdo sería la propia "seguridad jurídica" presente la que
estaría en juego
Es preciso que quienes tengan una posición clara en este asunto
actúen unidos y coordinados. Es preciso que quienes entre los
firmantes de ese documento de 13 puntos consideren que la situación
es delicada y que el peligro de una nueva decepción es real actúen
en consecuencia. El llamado que hacemos con nuestro escrito de hoy
no va contra nadie, ni siquiera contra el sr. Jáuregui, su dimisión
zanjaría el asunto y sería interpretada como una muestra de buena
voluntad democrática pese al desvarío evidente de su proceder hasta
ahora. Sabemos de las diferencias y sensibilidades entre las muchas
organizaciones de la memoria, incluso de las buenas intenciones de
muchos, pero apelamos claramente a la experiencia y al sentido
crítico de todos. Si logramos coordinarnos quienes tenemos claro que
con 70 años de impunidad y desvergüenza ya basta, estaremos en el
buen camino.
Hacemos un llamado a todos, a los veteranos guerrilleros de AGE,
a la Federación de Foros por la Memoria, a los compañeros de la
Asociación Memoria Histórica Asturiana, a los Amigos de los caídos
por la Libertad, al Equipo Nizkor, a la Asociación de Familiares y
Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo, a
todos cuantos allí donde estén sean partidarios de actuar con
claridad, les llamamos a organizar una jornada de discusión pública
para valorar la situación planteada por el proceso legal ahora
abierto y su evolución. Avanzamos, de entrada, que nuestra posición,
simpatiza claramente con el tratamiento legal que Nizkor ha
elaborado y que debiera ser tenido en cuenta seriamente por todas
las organizaciones; pedimos también que se valore nombrar una
representación legal conjunta partir de ahora. Hay que actuar en
Madrid y en Bruselas coordinadamente y sumar apoyos en el Parlamento
Europeo si es posible. Con una mano tendida a cuantos sean críticos
y defiendan posiciones de principio en este tema, os emplazamos a
entrar en contacto
Quisiéramos terminar con el ejemplo de un hombre que la historia
quiso enterrar, pero cuya memoria muchos nos afanamos en preservar.
Enrique Heraclio Botana, diputado socialista, tipógrafo, un honrado
sindicalista en la Galicia de primeros del siglo XX. En julio de
1936, siendo diputado por Pontevedra, entró a formar parte del
Comité del Frente Popular en la ciudad de Vigo cuando al producirse
la sublevación en África el gobierno republicano llamó a la
formación de comités permanentes para hacer frente a la crisis.
Reunidos en el ayuntamiento de Vigo, con la participación de
concejales, el alcalde y los diputados, el Comité intentó mantener
la tranquilidad en la ciudad y asegurarse que la legalidad
republicana se mantuviera. Cuando el oficial al mando de la Guardia
de Asalto ofreció sus hombres para defender el ayuntamiento y armar
voluntarios, el alcalde (del PSOE) se negó en redondo, aduciendo que
el comandante de la guarnición militar había dado su palabra de
lealtad; cuando los responsables de la CNT-FAI en la ciudad
(importante núcleo obrero) se ofrecieron al Comité para defender la
ciudad ante el golpe inminente y pidieron armas, el alcalde les
expulsó del Ayuntamiento y les amenazó con hacerles detener por la
policía, solo la actuación de Botana en ese instante templó los
ánimos e impidió un absurdo más. Al día siguiente, 20 de Julio,
oficiales de la guarnición se sublevaron contra la legalidad
republicana y en la Puerta del Sol de Vigo hicieron una carnicería
en la multitud indefensa. El comité del Frente Popular fue detenido
y con ellos muchos cientos de ciudadanos. Un mes más tarde, tras un
simulacro de juicio, con un tribunal ilegal y que ya les había
condenado, fueron asesinados los miembros del comité J. Antela
Conde, (alcalde de Lavadores, industrial), W. Gil Sansostegui
(médico y concejal socialista), A. Bilbatua Zubeldía (Oficial de
telégrafos y diputado, socialista), R. González Brunet (concejal
socialista), I. Seoane Fernández (panadero, diputado socialista), A.
Polinar Torres (maestro nacional), M. Rey (panadero), E. Martínez
Garrido (industrial, alcalde de Vigo, socialista) y E.H. Botana
(tipógrafo, fundador de la UGT en Vigo y diputado socialista);
fueron de los primeros de los miles de asesinados en Galicia por los
golpistas. Su delito fue resistirse al golpe y proclamar la
legalidad constitucional. El alcalde que confiara en la lealtad y la
palabra de los militares sublevados cayó sin decir palabra. El
diputado socialista Enrique Heraclio Botana, a sus 64 años, con
décadas de servicio público como concejal y diputado y una vida de
entrega y sacrificio, logró enviarnos un mensaje que ha llegado
hasta nosotros. Ante el pelotón gritó: "Guardad las Actas de nuestro
proceso, porque ellas son la prueba de vuestro crimen".
Algunos, 70 años después, hemos escuchado su grito.
Madrid, 15 de octubre de 2006
Por Benjamín Balboa, Plataforma de Ciudadanos por la República
iii)
La
Memoria Histórica, análisis desde la periferia.
Es difícil analizar lo que ocurre en el centro del estado desde
la periferia del mismo, tenemos que recurrir al teléfono, la prensa
y afortunadamente a Internet, pero poco a poco se pueden ir
descifrando ciertos enigmas con mas o menos detalle.
Esto es lo que nos ocurre con los movimientos en torno a la
memoria histórica y los crímenes del franquismo, la reciente
convocatoria de una reunión el 17 de octubre en base a 13 puntos
reivindicativos por parte de algunas asociaciones y grupos políticos
nos plantea algunas interrogantes.
Por supuesto los 13 puntos coinciden básicamente con las demandas
ya planteadas y que unas cuantas asociaciones hemos subscrito con el
documento "Entre la impunidad y la ilegalidad" preparado por el
equipo Nizkor, ¿Por qué entonces elaborar un nuevo documento y no
cerrar filas en una plataforma común?.
Por otra parte se nota la ausencia de las asociaciones más
combativas y activas en la defensa de la memoria de las víctimas
republicanas, no están ni la Federación de Foros por la Memoria, ni
la Asociación de Familiares de Represaliados de la II República por
el franquismo (afarIIrep), ni AGE, ni Caídos por la Libertad, ni
Héroes de la República y la Libertad, ni Memoria Histórica Asturiana
( a la que nadie se dirigió para subscribir los 13 puntos), ni otras
muchas que es demasiado largo enumerar pero que se encuentran
subscribiendo el documento de Nizkor.
¿De que se trata entonces? ¿ De crear un "clon" de las peticiones
de Nizkor, pero sin Nizkor ni las asociaciones que lo apoyan,
aparentemente no tiene sentido, pero si lo tiene, vamos a
buscárselo.
Hasta la fecha destacaban dos tendencias básicas en el enfoque de
la reivindicación de las víctimas del franquismo, Una es el
intimista que preconiza el derecho de las familias como lo único a
tener en cuenta, y por ello las exhumaciones no deben ser
"politizadas" con banderas tricolores y otros símbolos semejantes,
esta es la postura de la ARMH y tuvimos la ocasión de escucharla
directamente en la exposición que Francisco Echevarría realizó
recientemente en las jornadas de Santa Cruz de Moya, Cuenca, este
enfoque sincroniza bastante con la postura de la comisión de María
Teresa Fernández de la Vega, Ramón Jaúregui y algunas opiniones que
podemos leer en "El País". En la web de la ARMH, aunque crítica en
alguna medida con el anteproyecto de ley gubernamental, no se
observa un rechazo frontal al mismo.
Por otra parte estaba el "núcleo duro" de asociaciones ya citado,
agrupado en torno a dos documentos, el mencionado documento de
Nizkor y el anteproyecto de ley presentado por Joán Tardá en nombre
de Ezquerra Republicana de Catalunya. Este grupo de asociaciones
reivindica la memoria política republicana, por ello relaciona sus
muertes y padecimientos con la defensa de la democracia y la
libertad que ejercieron las víctimas, y con ello el origen político
de su sacrificio, la bandera tricolor es un homenaje a ellos al
margen de lo que opinen sus familiares hoy en día, la memoria
política de aquellos mártires no es patrimonio de sus familiares.
Ahora nos aparece una tercera vía, el documento de los 13 puntos,
que formalmente se sitúa en una postura dura, pero que cuando se
analizan sus promotores y subscriptores vemos un importante peso de
una determinada corriente del PSOE en sincronía con otras gentes de
IU, de algunas de las demás organizaciones firmantes, que parece ser
que no están demasiado al día en esta cuestión, cabe opinar (como
hemos contrastado) que pareciéndoles correctos los 13 puntos los
subscribieron si meterse en demasiadas profundidades.
Por ello queremos remarcar que juzgando básicamente positiva la
declaración de los trece puntos, no la consideraríamos así, si de lo
que se trata es de asumir el liderazgo de una postura para después
ir rebajando el listón y llegar a pactos inaceptables "porque no se
puede llegar mas allá", porque siendo algo suspicaces es lo que cabe
pensar de la exclusión de los ya mencionados documentos, grupos y
asociaciones mas combativos.
Porque además sobre la asamblea del día 17, puede que por
casualidad, pero la publicación de su convocatoria es inmediatamente
posterior a los contactos que se están realizando en Internet para
convocar una concentración de asociaciones, familiares y víctimas
frente al parlamento el día que comience la discusión de la ley,
esta concentración según lo previsto irá seguida por una asamblea
multitudinaria, por ello esta duplicación de convocatorias nos tiene
que plantear forzosamente algunos interrogantes.
Sea lo que sea, el tiempo muy pronto nos lo aclarará todo.
Asturias, 15 de octubre de 2006
Víctor Luis Álvarez,
Presidente de la Asociación Memoria Histórica Asturiana
iv)
Las
asociaciones de la Memoria Histórica asturianas consideran una
«ofensa» la ley de Zapatero.
El homenaje a los centenares de represaliados por el franquismo
que fueron arrojados al Pozu Fortuna de Turón se convirtió ayer en
todo un alegato contra el proyecto de ley de Memoria Histórica que
impulsa el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El acto,
celebrado en las inmediaciones de la impresionante fosa común, dejó
bien claro que el texto redactado por el Ejecutivo merece un unánime
y frontal rechazo de las asociaciones que defienden la restitución
moral y legal de la II República y de cuantos sufrieron algún tipo
de persecución por defenderla. Víctor Luis Álvarez, presidente de la
asociación Memoria Histórica Asturiana, calificó el proyecto de
«inaceptable», mientras que el portavoz de Esquerra Republicana de
Cataluña (ERC) en el Congreso, Joan Tardá, que se desplazó a la
región para tomar parte en el homenaje del Pozu Fortuna, lo tildó de
«ofensa a todos los demócratas», al tiempo que anunció que la
formación independista presentará en breve una propuesta
alternativa. Macrino Suárez, ministro de la II República en el
exilio y presidente del Ateneo Republicano, y Víctor Díaz, histórico
militante comunista y ex preso político, expresaron una postura
similar y, además, alertaron de un resurgir de la extrema derecha en
España, amparada en muy buena parte, según apuntaron, en «seudohistoriadores
empeñados en ocultar y tergiversar la verdad de cuanto ocurrió entre
1931 y 1975». El homenaje a las víctimas del Pozu Fortuna comenzó
con un acto político en el que el alcalde de Mieres, Luis María
García (PSOE), abrió el turno de intervenciones. El regidor no hizo
referencia alguna al proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo de
Zapatero, aunque pidió «respeto para la memoria y para cuantos
quieren llorar a sus muertos». García añadió que los represaliados
por el franquismo y sus familiares se merecen el «homenaje de las
heridas borradas», y calificó la fosa común turonesa de «sumidero
por el que se han perdido décadas de libertad». Seguidamente, tomó
la palabra Víctor Luis Álvarez, quien, además de alabar el
compromiso del Ayuntamiento para que el edificio de la carpintería
de la explotación minera se convierta en un aula didáctica, no dejó
escapar la oportunidad para criticar de manera rotunda el proyecto
de ley sobre el asunto. Según indicó, «ni nos satisface, ni es el
texto que esperábamos, sino un intento de contentar al fascismo y de
hacerle una serie de concesiones que no van a servir de nada, porque
esas gentes son insaciables». Álvarez se mostró especialmente
combativo con el hecho de que el documento hable de «dos bandos»,
cuando, a su juicio, «lo que realmente hubo fue, por un lado, un
Gobierno legalmente constituido y, por otro, un alzamiento militar
fascista».
Tras Marcelino Escudero, presidente del Foro Pozu Fortuna, que
hizo un repaso a los nombres de los cientos de militantes
republicanos y de izquierdas que fueron arrojados a la fosa común,
intervino el ex preso político e histórico dirigente comunista
Víctor Díaz. Al igual que el resto de oradores, salvo Luis María
García, centró su intervención en criticar una ley de Memoria
Histórica que, según dijo, «comete el error de equiparar a
vencedores y vencidos y no recoge la revisión de todos los juicios
sumarísimos».
Por su lado, Macrino Suárez, ministro de la II República en el
exilio, aseguró que el proyecto «está tan suavizado que se queda sin
esencia». A su juicio, entre otras cosas, debería «rehabilitar a los
militares que permanecieron fieles a la legalidad y hacer un
reconocimiento a los maestros y profesores republicanos». Tras la
intervención de Tardá, el acto concluyó con una ofrenda floral bajo
los sones del Himno de Riego, interpretada por la Banda de Música de
Mieres.
[Fuente: Por José A. Ordóñez, Prensa Asturiana, Pozu Fortuna (Turón),
08oct06]
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Texto completo de la Decisión del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en el caso Kolk y Kislyiy v. Estonia.
Declaración "Entre la cobardía moral y la ilegalidad".
Otros documentos de contexto.
Propuestas Legislativas
Documentos en audio
